Macchi, Horacio Martín y otro c/ Gomez, Pablo Daniel s/ Daños y Perjuicios.

Tribunal: CNCiv. Sala D - 18/08/2003.

Voces: ACCIDENTE DE TRÁNSITO - RUTAS Y AUTOPISTAS - AUTOMÓVIL EN CONTRAMANO.- Automóvil que ingresa a una autopista en contramano, existencia de una emergencia, inexcusabilidad, debate sobre la responsabilidad del concesionario.

Sumarios:

1.- Habiéndose, demostrado que el demandado violó el principio rector del tránsito vehicular que impone la circulación por el carril correspondiente, vedando la circulación "de contramano" por cualquier arteria que se trate y más aún si como en el caso de autos se trata de una vía de circulación a altas velocidades, corresponde concluir que el mismo no sólo no adoptó en la emergencia las medidas de cuidado, atención y prudencia exigidas a fin de mantener el pleno dominio de la cosa riesgosa a su mando, sino que asumió una conducta altamente desaprensiva tanto respecto de su persona y sus bienes, como de la persona y patrimonio de terceros, por lo que es patente su responsabilidad.

2.- En los supuestos de accidentes en rutas, resulta operativa la “obligación tácita de seguridad” impuesta en cabeza del concesionario por imperio del principio general de buena fe emanado del art. 1198 C.C.: la concesionaria debe garantizar al usuario que no sufrirá daño alguno con motivo de la circulación por el corredor. Siendo esta obligación de resultado, el concesionario sólo se eximirá de responsabilidad probando la causa ajena.

3.- Dado que la concesionaria codemandada debió haber extremado el cuidado tal como para que ningún vehículo pueda invadir al mano contraria, tratándose de una exigencia que no escapa al marco legal, corresponde extenderle la responsabilidad,

4.- Cuando un usuario se dispone a circular por una autopista y a pagar  como en el caso de autos  el precio del peaje, está optando no sólo por un traslado rápido, sino que a más de eso también está eligiendo circular por un lugar seguro, siendo obligación de la empresa prestadora del servicio, garantizar que el usuario se encuentre protegido de todo riesgo ajeno a la normal circulación de vehículos.


Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 18 días del mes de agosto de dos mil tres, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados “MACCHI HORACIO MARTIN Y OTRO C/GOMEZ PABLO DANIEL S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver.-

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Sres. Jueces de Cámara Dres. MARTINEZ ALVAREZ - BUERES - MERCANTE.-

A la cuestión planteada el Dr. EDUARDO M. MARTINEZ ALVAREZ, dijo:

I ANTECEDENTES DE HECHO

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 1153 1175, hizo parcialmente lugar a la demanda promovida por Horacio Martín Macchi y Gabriela Inés Zurita de Macchi contra Pablo Daniel Gómez, con motivo del accidente de tránsito ocurrido el día 22 de marzo de 1997. En consecuencia condenó al accionado al pago de una suma de dinero con más los intereses y las costas del proceso. Asimismo rechazó la acción dirigida por los referidos accionantes contra "Coviares S.A.", "Caja de Seguros S.A." y "La Construcción S.A. Cía. Argentina de Seguros".

Por otra parte, rechazó la demanda planteada por el mencionado Gómez contra "Caja de Seguros S.A.", imponiendo al perdidoso el pago de las costas causídicas.

Contra el referido pronunciamiento se alzaron las partes, expresando agravios Macchi y Zurita a fs. 1213 1224 y Gómez a fs.1227 1238 vta.. Los mismos merecieron contestación por parte de los primeros de los nombrados a fs. 1243 1245 vta. y por parte de "La Caja de Seguros S.A. a fs. 1247 1250 vta.".

Los primeros de los quejosos, dirigen su queja, en primer lugar, respecto del fondo mismo del asunto, criticando el rechazo de las acciones dirigidas contra "Coviares S.A." y "La Caja de Seguros S.A.".

Respecto de la responsabilidad de "Coviares S.A." argumentan que la misma se vería patentizada por la ausencia de medios preventivos para evitar la circulación de contramano y la ineficacia o insuficiencia de las medidas adoptadas después de haber tomado conocimiento de que en la autopista se encontraba circulando un rodado en tales condiciones. En tal orden de ideas concluyen que la reponsabilidad de esa codemandada estaría fundada en el incumplimiento de la tácita obligación de seguridad que sobre ella pesaría de acuerdo al principio de buena fé contenido en el art. 1198 del Código de Vélez.

En lo que hace al rechazo de la demanda incoada contra la aseguradora citada en garantía, alegan que el planteo de falta de cobertura al cual se hiciere lugar  a su criterio erróneamente  en la anterior instancia, sería extemporáneo, toda vez que la declinación de la cobertura se habría realizado fuera de los plazos fijados por la nomativa de la materia. A más de esto, destaca que tal planteo sería contradictorio a la actitud asumida por tal empresa durante la etapa de negociación extrajuicial, por lo que sostiene que en virtud de la teoría de los actos propios tal planteo debe ser rechazado.

Por otra parte, también dirigen su queja a lo resuelto en torno a las distintas partidas del daño cuyo resarcimiento se persigue en autos. Zurita cuestiona tanto el monto fijado por "incapacidad sobreviniente", como así también el rechazo de su reclamo por "pérdida de chance". Con referencia a la primera de las partidas mencionadas considera que el justiprecio sobre ella efectuado sería insuficiente para reparar plenamente las graves consecuencias sufridas a raíz del hehco cuya investigación nos ocupa. En lo que hace al rechazo de la "pérdida de chance", argumenta que  tal decisión sería equivocada, toda vez que  a su entender  en autos habría quedado suficientemente acreditado que a raíz del accidente se vió privada de las perspectivas de crecimiento profesional que tenía antes de aquel, razón por la cual reitera el pedido de que se indemnice el hipotético progreso que hubiese tenido de no haber acontecido tal evento dañoso.

Macchi, por su parte, cuestiona la suma acordada por "lucro cesante" a la par que critica el rechazo del reclamo indemnizatorio introducido por "daño moral". Respecto del "lucro cesante" fundamenta su reclamo en la imposibilidad laborativa que por varios meses habría sufrido como consecuencia de verse privado del automóvil que utilizaba a tal fin, menoscabo éste que  a su parecer  no se vería enjugado con el cuestionado monto. Con relación a la partida no indemnizada, alega que de las propias circunstancias del evento, se deprendería la existencia de este perjuicio, toda vez que entiende que la víctima de un hecho traumático como el que nos ocupa necesariamente padece una modificación disvaliosa del espíritu.

 

Por otra parte, expresa agravios Gómez. Lo hace, en primer término, respecto del fondo mismo del asunto, esto es acerca de la atribución de responsabilidad efectuada en la anterior instancia. Sobre tal cuestión, argumenta que  a su entender  habría quedado debidamente acreditado que el acaecimiento del hecho de marras obedeció a la negligencia e imprudencia de un tercero por quien no debe responder. En tal orden de ideas, destaca que en el "sub examine" resultaría  a su criterio" evidente la responsabilidad de "Coviares", por no haber adoptado los recaudos necesarios en materia de seguridad, en el contralor del buen estado y conservación de la autopista.

A más de esto, también cuestiona el decisorio de grado, toda vez que sostiene que  para el dictado del mismo se habría hecho mérito de testimonios falsos y contradictorios. Argumenta al respecto que los testimonios en que se habría fundado el Sr. Juez "a quo" para concluír que su accionar revistió las características de la culpa grave y  en consecuencia desvincular a "La Caja de Seguros S.A.", deben ser desechados, toda vez que los mismos vendrían de testigos afectados por las generales de la ley, que habrían depuesto en forma falsa y contradictoria.

Posteriormente también critica el rechazo de su reclamo contra "La Caja de Seguros S.A.". Sobre esta cuestión, vuelve a manifestar que la sentencia de grado fue fundada  en lo referente a su culpa grave  en testimonios que deben  a su entender  ser dejados de lado. A más de esto señala que la demandada declinó la cobertura fuera de los plazos legales previstos, por lo que manifiesta que no se la puede eximir de cobertura a partir de una actitud extemporánea.

Por último, cuestiona de forma por demás breve, endeble y carente de la debida fundamentación,  los mostos indemnizatorios fijados en favor de Macchi y Zurita, por considerarlos desmedidos y desmesurados, razón por la cual solicita su disminución.

 

II FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.1. En primer lugar, y como dijera, cuestiona Gómez la atribución de responsabilidad efectuada en la anterior instancia. Por lo tanto por razones de orden metodológico corresponde, en primer término, la resolución de esta cuestión. En grado de adelanto, anticipo que  si mi voto es compartido  esta queja no tendrá favorable acogida en esta instancia.

       Anticipo  que,  a  mi  juicio, el "a quo" ha hecho una correcta evaluación de las características del caso y de las circunstancias merituales, por lo que las razones expresadas al concretar las quejas del apelante, no han logrado convencerme de que deba ser alterada la resolución final del sentenciante de grado.                                 Cabe resaltar que nuestro más alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.).

         Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320; 144:611). Reiteradamente he decidido que para un adecuado encuadre del tema, en especial lo atinente a la carga de la prueba, debe tenerse en cuenta que, por tratarse de una colisión entre rodados, no se neutralizan los riesgos que estos generan, sino que se mantienen intactas las presunciones de responsabilidad que consagra el art. 1113 del Código Civil, e incumbe a cada parte demostrar los eximentes de responsabilidad que invoque (conf. Pizarro, Ramón Daniel. "Causalidad adecuada y factores extraños" en "Derecho de daños"   Homenaje al Profesor Jorge Mosset Iturraspe , ps. 278 a 280, Buenos Aires, 1989. Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Responsabilidad en las colisiones", en honor del Dr. Augusto Mario Morello, p.224, La Plata, 1981. Mosset Iturraspe, Jorge. "Eximentes de responsabilidad por daños", t. IV, ps. 82 y sgtes.. Santa Fe 1982.  Trigo Represas, Félix A., "Aceptación jurisprudencial de la tesis del riesgo recíproco en la colisión de automotores",  nota a fallo La Ley, 1986   D, 479 y sgtes. Nro. 2888 b). Este es el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("in re" Empresa de Telecomunicaciones c. Provincia de Buenos Aires, 22 5 87.  La Ley 1988  D 295) con comentario de Alterini, Atilio "Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores", por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ("Sacaba de Larosa, Beatríz E. c/Vilches Eduardo F. y otro" del 8 4 86. La Ley 1986  D, 479), y también fue receptado en "Las Sextas Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal" (Junín 27 al 29 de octubre de 1994) tema "Responsabilidad por riesgo creado".

            No se trata en suma de atribuir culpa: el dueño o guardián del automotor  cosa riesgosa  que causa un daño a otro, es responsable del daño causado, salvo que acredite  "la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba  responder" (art.º1113, párr. "in fine", Cód. Civil) o del "casus" genérico de los arts. 513 y 514 del Código Civil.

         Resulta importante destacar que la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, reunida en Tribunal Plenario, el 10 de noviembre de 1994. ("in re" "Valdez, Estanislao Francisco c/El  Puente S.A.T. y otrs s/daños y perjuicios, accidente de tránsito con lesiones o muerte") sentó la siguiente doctrina plenaria: "La responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidente de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del Código Civil".

 

            Desde esta óptica, entonces, no será ya la actora la que deba acreditar la culpabilidad del conductor del vehículo de la accionada, sino, antes bien, la demandada quien deberá probar la culpabilidad total o parcial de la víctima, si pretende interrumpir en todo o en parte el nexo causal que emana de la aplicación de los presupuestos jurídicos antes reseñados.  (CN Civ., Sala D, con mi voto, septiembre 6 999, Topini Alejandra B. c/ Gómez Ricardo y otros ,idem. LL, 26 de setiembre de 1994, Sala G, voto del Dr. Greco, agosto 2 993  Besomi contra Dominguez, fallo 992252  LL 1994   C   85).  

         En el caso de autos, las partes son contestes en cuanto al efectivo acaecimiento del accidente, mas el demandado argumenta que el  evento de marras se debió al hecho de un tercero por quien no debe responder (ver versión dada en su presentación de fs. 467 479 y en el escrito en despacho).

        Para la resolución del "sub lite" encontramos diversas declaraciones testimoniales, las cuales brindan  todas ellas  una versión de los hechos muy cercana a la invocada por Macchi y Zurita en el líbelo de inicio (ver fs. 333 347 vta.). En primer lugar  de las declaraciones prestadas en esta sede  luce la brindada por Carlos Osvaldo González a fs. 610 y vta. quien al ser preguntado acerca del accidente manifestó que "...estaba en el peaje de Quilmes, estaba sentado en la camioneta con personal policial, a la altura del kilómerto 17 y medio rama sur, entonces escucha modulación en la radio diciéndole que circulaba un vehículo de  contramano,  la camioneta que le modula lo venía siguiendo desde el kilometro 6 aproximadamente hasta el 18, ahí le gira en "U" el vehículo, quedando otra vez de contramano, ya que no lo puede alcanzar porque no puede girar de contramano en la autopista, salió el testigo de donde estaba ubicado retomando la rama norte, alcanzándolo al vehículo a la altura del km. 15 y medio, ahí embiste a un taxi Renault 9 de frente..." (sic) (ver fs. 610).

 

         En igual sentido acerca de la conducta adoptada por Gómez declaró a fs. 611 y vta. Norberto Santos, quien manifestó que el día del hecho "...recibió aviso en las cabinas de peaje que un automóvil Twingo circulaba en contramano a la altura del km. 5, salieron a tratar de interceptarlo, en ese momento el aviso era que venía de provincia hacia Capital, en el camino le avisan que había cambiado el sentido de circulación y que iba de contramano de Capital hacia provincia, continuó la marcha hacia provincia y a la altura del km. 18 lo cruza de contramano de provincia hacia Capital, trata de interceptarlo el testigo con la camioneta de la empresa, el auto lo esquiva y sigue de contramano, luego el testigo sale de la autopista, retoma y continúa la persecución por la mano que al testigo le corresponde. Cuando lo alcanza ya ve la colisión con un Renault 9 taxi, la colisión fue aproxiadamente en el km. 15, el testigo ve el accidente a una distancia de 100 metros aproximadamente..." (sic) (ver fs. 611), agregando que el vehículo de Gómez se desplazaba a "...más de 100 km/h..." (sic) (ver fs. 611 vta.).

        A más de esto, también cabe hacer mérito de los testimonios obrantes en la causa penal traída "ad effectum videndi et probandi" y que para este acto tengo a la vista.

         En efecto. A fs. 119 de las citadas actuaciones criminales luce el testimonio de Dino Fabio Papaserge, quien se expidió en igual sentido que González y Santos, al declarar que "...recepciona una llamada telefónica en el puesto de peajes de la ciudad de Quilmes, por la línea de usuarios, en donde una voz del sexo masculino, quien no se dió a conocer le da cuenta que a la altura el kilómetro 13.00 de la Autopista Buenos Aires  La Plata, circulaba un vehículo en contramano o sea que lo hacía por el carril que conduce de Provincia a Capital Federal. Que ante ello es que una comisión sale en busca del rodado y cuando un móvil a  cargo del chófer González acompañado por el cabo Iramain, quien cumplía funciones de seguridad, logra detectar el rodado a la altura del peaje, o sea en el km. 17.00 y ven que se trataba de un vehículo marca Reanault Twingo de color gris, quien a la altura del km. 18.00 cruza el paso de mediana, que está para emergencias y prosigue su rumbo hacia la Capital Federal, por el carril contrario de circulación, hasta que recibe una novedad vía radial del móvil que lo seguía, dándole aviso que a la altura del kilómetro 15.400 se había producido una colisión..." (sic) (cfr. fs. 119 y vta.), ratificando sus dichos con el croquis ilustrativo obrante a fs. 121.

        En igual sentido que los testimonios hasta aquí reseñados y sin presentar contradicciones depuso a fs. 196 el cabo 1º César Ramón Iramain, expresando que el día del accidente "...a la altura del kilómetro 18.500 de la mencionada autopista se desplazaba en contramano de La Plata hacia Capital un rodado marca Reanult tipo Twingo color oscuro, en el cual se desplazaba una sola persona, comenzando una persecución en una grúa del peaje. Es así que al llegar a la altura del km. 15, el mencionado rodado embiste de frente a otro rodado marca Renault 9 taxi, en el cual se desplazaban dos personas..." (sic) (ver fs. 196) y destacando que "...en todo momento el rodado Renault Twingo se desplazó en contramano y a gran velocidad..." (sic) (ver fs. cit.).

 

         Tal mecánica de los acontecimientos también se desprende de los dichos del testigo Fabián Gustavo Gaitano de fs. 343 y vta. de las constancias penales. En efecto. El Sargento Gaitano manifestó que "...el día 22 de marzo de 1997 y en horas de la mañana se encontraba realizando parada fija en la intersección de las calles Autopista y Otamendi a cargo del móvil 14.126 en compañía del agente González, parado en la mano de Buenos Aires a La Plata y es así que en un momento determinado un rodado marca Renault Twingo color oscuro, pasó por enfrente de ellos en contramano por el carril de contrario, y en esos momentos se encontraba otro móvil cuyo nro. no recuerda, el cual comenzó una persecución. Que luego de varios minutos, el mismo rodado pasó nuevamente en contramano, pero por el otro carril, a lo cual el dicente y su compañero comenzó a perseguirlo por la banquina a baja velocidad dado que en algunas partes no hay prácticamente banquina, razón por la cual el rodado le sacó una gran ventaja, que logra poseer contacto visual con el rodado cuando ve al mismo colisionado con un rodado taxi de Capital, del cual no recuerda marca..." (sic) (ver fs. cit.).

       Por último  y en lo que a la resolución del "sub judice" concierne  también prestó  en idéntico sentido al hasta aquí señalado  declaración testimonial Jorge Fabián González quien señaló que el día del accidente "...se encontraba de Q T H  fijo en un móvil perteneciente al Comando de Patrullas de Quilmes en la autopista Buenos Aires La Plata en el carril con esa orientación circunstancias que observa que por el otro carril y en contramano venía un rodado marca Twingo de color oscuro, razón por la cual emprenden la marcha para el otro carril a los fines de intentar detener al rodado de mención, que en ese momento, ignorando a qué altura el mencionado vehículo tomó por el carril en el cual se encuentra el declarante con el móvil pasándolos a éstos a alta velocidad razón por la cual empieza una persecución por ese mismo carril en contramano perdiéndolo al cabo de unos kilómetros, encontrándolo poco después al auto marca Twingo colisionado con otro de marca Reanult 9 Taxi que venía en dirección correcta por la Autopista en dirección Buenos Aires La Plata..." (sic) (ver fs. 382 y vta.), asimismo, esta mecánica de los hechos coincide con el  croquis ilustrativo confeccionados por el declarante a fs. 383. 

           Por lo tanto, ha quedado demostrado que el demandado Gómez violó el principio rector del tránsito vehicular que impone la circulación por el carril correspondiente, vedando la circulación "de contramano" por cualquier arteria que se trate y más aún si como en el caso de autos se trata de una vía de circulación a altas velocidades. Sentado lo expuesto cabe concluir que el Sr. Gómez no sólo no adoptó en la emergecia las medidas de cuidado, atención y prudencia exigidas a fin de mantener el pleno dominio de la cosa riesgosa a su mando, sino que asumió una conducta altamente desaprensiva tanto repecto de su persona y sus bienes, como de la persona y patrimonio de terceros.

 

         Además, es el propio Gómez quien reconoce la calidad de embistente que le cupo en la emergencia (cfr. pos. nº 2 de fs. 580 vta), calidad ésta que de acuerdo a los principios generales rectores en la materia implica "per se" una presunción de responsabilidad, que sólo puede ser destruída a través de las distintas causales "supra" señaladas, las que  a no dudarlo  no han podido ser acreditadas por el apelante Gómez, quien no logró probar en autos la mecánica de los hechos invocada  a lo largo de estas actuaciones (ver al respecto su versión de los hechos dada a fs. 468 vta. y fs. 1228), carga que  cabe recordar  estaba a su cargo en los términos más arriba expresados y según lo normado por el art. 377 del rito.

        En definitiva, por las consideraciones de hecho y de derecho señaladas, y las propias del sentenciante de grado  en lo pertinente  propongo al Acuerdo confirmar el decisorio de grado en este punto.

      2.2. Como anticipara, también se debate en autos la responsabilidad de "Coviares S.A.", cuestión que fuera motivo de agravio tanto de Zurita y Macchi como del citado Gómez. Así las cosas corresponde ahora abocarnos a su análisis y decisión. Anticipo, que a mi juicio el Sr. Juez "a quo" no ha realizado un correcto encuadre de la cuestión, motivo por el cual propondré que  si mi voto resulta compartido  se revoque parcialmente este aspecto del decisorio de grado, por las razones y con el alcance que paso a exponer.

       Como he sostenido (ver mi voto in re "Di Gregorio, Roque Vitale A. y otro c/ De Godos, Julio A. y otros s/ ds.y ps." y sus acumulados "Di Gregorio Lolita c/ De Godos, Julio A. y otro s/ sumario" y "Di Gregorio Marcela J. c/ De Godos Julio A. y otro s/ sumario", del 8/10/1999)-junto a importante doctrina vernácula- considero que, en casos como el de autos, resulta operativa una “obligación tácita de seguridad” impuesta en cabeza del concesionario por imperio del principio general de buena fe emanado del art. 1198 C.C.: la concesionaria debe garantizar al usuario que no sufrirá daño alguno con motivo de la circulación por el corredor. Siendo esta obligación de resultado, el concesionario sólo se eximirá de responsabilidad probando la causa ajena (caso fortuito en sentido amplio) (cfr. Roberto Vázquez Ferreyra, “La demanda contra los concesionarios de autopistas”, Revista de Derecho de Daños, Accidentes de Tránsito I, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 174 y ss.).

En igual sentido, en las VII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal (celebradas en Septiembre de 1996) se concluyó que  para la empresa concesionaria se generan diversos tipos de obligaciones:  por ej., una obligación típica de habilitar al usuario el tránsito por la ruta y también en forma tácita una obligación de seguridad por los daños que pueda sufrir con motivo de la circulación por esa ruta.

En general, las obligaciones asumidas por las empresas prestadoras frente al usuario son de resultado y la responsabilidad de carácter objetivo. La empresa prestadora del servicio, además de la obligación específica, asume una obligación de seguridad. Este deber de indemnidad está presente en todo contrato de servicio y es invariablemente de resultado (ver J.A. 1996 IV 1027 y ss.).

 

Siendo el factor de atribución la “garantía”, el concesionario para eximirse de responsabilidad debe demostrar la ruptura del nexo causal, es decir, la causa ajena en sentido amplio que comprende entre otros el caso fortuito en sentido estricto, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (ver Alberto Jesús Bueres, “Responsabilidad contractual objetiva”, en J.A. 1989 II 964).

         En el caso “sub examine”, teniendo especialmente en cuenta el lugar en que ocurrió el evento y su mecánica, el nexo de causalidad  en cuanto se le atribuye responsabilidad por los daños a la codemandada “Coviares S.A.”  se encuentra, a mi criterio, fracturado sólo parcialmente.

En efecto. De tal forma y con lo dicho hasta aquí, el señalado encuadre jurídico autoriza a endilgarle responsabilidad a la accionada.

Se entiende que la relación causal importa siempre una imputación fáctica objetivada del resultado; la culpabilidad, a su vez, hace al juzgamiento de la conducta del sujeto, relacionándose ambos con un elemento común: la previsibilidad. A su vez, se aplica el criterio emanado del art. 902 C.C. cuando las condiciones objetivas o circunstancias que rodean el hecho también dan lugar a juzgar con mayor estrictez el nexo causal (cfr. Ruben H. Compagnucci de Caso, en el “Código Civil y normas complementarias”, Bueres   Highton, Ed. Hammurabi, T. 2B, pág. 432 433).

Reitero que sin perjuicio del soporte jurídico desarrollado más arriba con respecto a la “obligación de seguridad” que pesaba sobre "Coviares S.A."  y a partir de la cual, habida cuenta su incumplimiento, se le va a endilgar cierta cuota de responsabilidad , llego a la conclusión señalada por cuanto la concesionaria codemandada debió también haber extremado el cuidado tal como le era exigible, no siéndole factible, por lo tanto, alegar que se trata de una exigencia que escapa al marco legal. Por el contrario, tuvo que adoptar todas las medidas de prevención necesarias para reducir al mínimo el riesgo de eventuales accidentes, lo que no hizo.

Téngase en cuenta que cuando un usuario se dispone a circular por una autopista y a pagar  como en el caso de autos  el precio del peaje, está optando no sólo por un traslado rápido, sino que a más de eso también está eligiendo circular por un lugar seguro, siendo obligación de la empresa prestadora del servicio, garantizar que el usuario se encuentre protegido de todo riesgo ajeno a la normal circulación de vehículos.

 

Teniendo en cuenta que según surge de las declaraciones testimoniales brindadas por los dependientes de la propia accionada (ver al respecto fs. 610 y vta., fs. 611 y vta. y fs. 119 de la causa penal)  a las que se hiciera referencia en el anterior acápite y a las que me remito "brevitatis causae"  se había detectado la circulación en contramano del codemandado Gómez, no puede menos que exigirse a la concesionaria que a más de tratar de detener al vehículo infractor  tal como lo habría hecho según los referidos testimonios  hubiera dsipuesto de los medios idóneos para evitar la producción de accidentes como el que nos ocupa, sea interrumpiendo el tránsito de los vehículos que lo hacían reglamentariamente, sea desviando su circulación por vías alternativas, o por cualquier otro dispositivo tendiente a evitar hechos como el de marras.

Téngase presente además, que, de conformidad con el art. 15 del Reglamento de Explotación, el concesionario se encuentra facultado a "...disponer la suspensión temporal en forma parcial o total de la circulación en el acceso o en alguno de sus tramos, para todos o algún tipo de vehículos, por razones de seguridad cuando las condiciones metereológicas o supuestos de caso fortuito o fuerza mayor así lo determinen..." (sic) (ver art. cit., fs. 387).

Sin embargo, a más de lo dicho la concesionaria también "...deberá implementar las medidas de señalización preventivas..." en los casos en que se produciere una situación de riesgo que no fuere motivo para suspender la circulación, actitud que  a no dudarlo  no ha asumido en la especie (ver al respecto art. 16, tercer párrafo del Reglamento de Explotación, fs. 389).

En el mismo sentido (y tal como lo señala González López del Carril en su obra “Responsabilidad civil en rutas, autopistas y vías de circulación   El rol de los concesionarios viales”, Editorial La Ley, Julio de 1999, pág. 91) el Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión de Obras Viales y de Precalificación (PCP), aprobado por Resolución MOSP 221/89, en forma genérica, en su Título II pto. 6, dispone que el concesionario está obligado a facilitar la circulación por el camino en condiciones de “absoluta normalidad”, suprimiendo las causas que originan molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios del camino, la que debe cumplirse ininterrumpidamente las 24 hs. del día.

En el caso de autos, la referida obligación no fue cumplida ya que a pesar de haber tomado conocimiento de la circulanción en sentido contrario de un automóvil (y consecuentemente, de la potenciación de eventuales daños), la concesionaria limitó su prevención a intentar detener el rodado, pero ningún otro dispositivo para evitar accidentes en el supuesto de no lograr detener el vehículo, es más tal fue la inactividad de la concesionaria, que permitió que Gómez cambiara de carril, previo a colisionar con los accionantes.

 

En suma y en razón de todo lo expuesto, considero que en la especie “Coviares S.A.” ha incumplido con su deber de seguridad con respecto a los accionantes, motivo por el cual propicio revocar parcialmente la sentencia de grado, responsabilizando a la concesionaria en un 25%, con más sus intereses y costas  haciendo extensiva la condena a su citada en garantía, la compañía "La Construcción S.A. Cía. Argentina de Seguros". Así lo decido.

2.3. Corresponde ahora analizar la queja vertida por los accionantes con referencia a la responsabilidad de la "Caja de Seguros S.A.". En grado de adelanto, cabe dejar sentado que  si mi criterio resulta compartido  la misma será recibida en esta instancia.

En efecto. De las actuaciones criminales que para esta acto tengo a la vista surge que el hecho que motiva las presentes se produjo el día 22 de marzo de 1997 (ver fs. 1) en horas de la mañana. A más de esto, encontramos que tal como surge de la documental acompañada a la fecha del evento se encontraba vigente el seguro contratado por Gómez con "La Caja de Seguros S.A." (cfr. fs. 449 458) mediante póliza nro. 6010 0021601 01. En igual orden de ideas, cabe detacar que según las constancias de autos la denuncia del siniestro fue efectuada por Gómez en fecha 25 de marzo de 1997, ésto es dentro del plazo previsto por el 1º párr. del art. 46 de la Ley de Seguros.

Ello sentado, corresponde destacar que a partir del momento de  la denuncia del siniestro ante la aseguradora empieza a correr el plazo previsto por el art. 56 de la ley 17.418 para que aquella decline la cobertura. Así, el plazo legal de treinta días para que la aseguradora se pronuncie debe computarse desde que se verifica la denuncia del siniestro, pues ese acto constituye la primera información con eficacia contractual recibida por el asegurador. Lo expuesto surge "a contrario sensu" de lo dipuesto por la citada disposición (cfr. CNCiv., Sala H, in re "F.,M.E. c/ Suarez, Héctor y otro", del 18 3 97, L.L. del 29/9/97, pág. 5).

Ahora bien, también es cierto que una vez recibida la denuncia del siniestro la aseguradora puede hacer uso de las facultades acordadas por el  párrafo 2º del citado cuerpo normativo. Si el asegurador, luego de recibida la denuncia del siniestro no reclama al asegurado informaciones complementarias ni prueba instrumental, el plazo de treinta días para pronunciarse corre desde la fecha de la denuncia del siniestro (cfr. CNCiv., Sala H, in re "F.,M.E. c/ Suarez, Héctor y otro", del 18 3 97, L.L. del 29/9/97, pág. 5).

En el caso "sub exmine" tenemos que la aseguradora comenzó la comunicación epistolar con el codemando Gómez a través de una carta documento de fecha 17 de octubre de 1997, por la cual declaraba "...interrumpidos los términos establecidos por el art. 56 de la ley 17.418..." (sic) (ver fs. 459), continuándola con otra de fecha 15 de diciembre de 1997 por la cual declinan cualquier responsabilidad que pudiera imputársele (ver fs. 462).

 

Ello sentado, no puedo sino concluír que  de acuerdo a lo dicho más arriba  tal declinación de la cobertura carece de virtualidad, toda vez que la norma aplicable es concluyente al disponer que la omisión de pronunciarse importa aceptación. Es que guardar silencio, abdicar del derecho de hacer la verificación corespondiente y mantenerse pasivo durante el plazo que la ley asigna a la aseguradora para pronunciarse sobre el "derecho del asegurado, implica inexcusablemente la aceptación del siniestro.

Por ello, la sola omisión de la aseguradora de pronunciarse de acuerdo con el art. 56 de la ley 17.418, resulta por sí sola relevante como productora de efectos jurídicos, pues la norma impone una obligación legal de explicarse en los términos del art. 919 del Código Civil (cfr. CNCiv., Sala K, en autos "Guerendian, Dino Javier c/ Lalia, Carlos Américo y otro s/ ds. y ps., del 30 11 1999).

No empece a esta conclusión la conducta del asegurado que fuera objeto de análisis "supra", ni la culpa grave del asegurado opuesta por "La Caja de Seguros S.A.", tanto en estas actuaciones como en sus acumuladas, toda vez que la declinación "in tempore" del asegurador en los términos el art. 56 de la ley aplicable al caso, lo que  a no dudarlo  no ha acontecido en la especie, es requisito de admisibilidad de la defensa que luego pretenda oponer al reclamo del asegurado, pues su omisión constituye un reconocimiento implícito de la garantía y un impedimento para alegar defensas ordenadas a obtener la liberación de la obligación de indemnizar, aún cuando resulten justificados o permitan liberar al asegurador.

En definitiva, por las circunstancias  de hecho y de derecho hasta aquí señaladas, propicio que  si mi voto resulta compartido  se revoque este aspecto del decisorio, haciendo  en consecuencia  extensiva en su carácter de aseguradora citada en garantía a "La Caja de Seguros S.A." la condena que se dicte contra el codemandado Gómez.

2.4. Antes de entrar en el análisis de los restantes agravios vertidos en la especie, debe tenerse en cuenta, como lo he sostenido en reiterados pronunciamientos, paralelamente con el criterio que sustenta nuestra Corte Suprema, que una adecuada reflexión sobre la vasta fórmula utilizada en el art. 1068 del Código Civil  en concordancia con el art. 1079  permite concluir que es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el daño causado y que tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecta en forma cierta a otro, a su patrimonio, a su persona, a sus derechos o facultades. Es decir, el concepto jurídico de daño, salvo restricciones queridas por el legislador, abarca la protección de todo interés no reprobado por la ley (cfr. causa 45733, Navarrete, M. R. y Diaz, E. c/ Estado Nacional, en E.D. 157 581 y nota a fallo de Bustamante Alsina).

 

        Por lo demás, para que el daño sea resarcible ha de ser cierto porque, de lo contrario, tendría lugar un enriquecimiento sin causa, a expensas del responsable y debe ser propio o personal del accionante.

           A iguales efectos, también debe estar en cierta relación causal jurídicamente relevante con el hecho generador, cuestión que concierne a la causalidad (cfr. Alterini, A.A.: "Requisitos del daño resarcible", en "Temas de responsabilidad civil", Ed. Ciudad Argentina, F.D.C.S., 1995, p. 116/9).

      Pese a que nuestro derecho sustantivo no lo define expresamente, al daño debe conceptuárselo en sentido amplio como la lesión a intereses amparados por el ordenamiento, cuyo trascendido se evidencia en la minoración de valores económicos (daño patrimonial) o en alteraciones desfavorables en el espíritu (daño moral)  cf. Bueres, Alberto J. "El daño injusto y la licitud e ilicitud de la conducta", en "Derecho de daños", Homenaje al Profesor Jorge Mosset Iturraspe, Ediciones La Rocca, 1989.                                             

       De la misma manera, para que nazca el deber de reparar el daño causado a otro, debe quedar suficientemente acreditado sus elementos comunes: antijuridicidad, daño, relación de causalidad entre el daño y el hecho, y los factores de atribución legal de responsabilidad.

       Por lo demás, la prueba del daño es esencial para la admisión judicial del resarcimiento, pues si bien es facultad de los jueces fijarlo aunque no resulte acreditado exactamente, debe siempre probarse la realidad del perjuicio (cfr. esta Sala, mayo 14 998 "Mora Rogelio c/ Analba S.A.").

     2.5. En torno a la "incapacidad sobreviniente", materia que fuera motivo de agravio de Zurita y de Gómez, cabe señalar, en primer término, que por incapacidad se entiende la falta de salud derivada de un hecho ilícito, debiéndose constatar  a los fines indemnizatorios  la naturaleza y la entidad del interés lesionado.                            

       En efecto. En el caso de autos, la prueba pericial resulta de particular trascendencia en lo que se refiere a la existencia de las lesiones y su entidad. Es que el informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (C.N.Civ. Sala M., en la causa Cabrera c/ E.F.A. del 19/9/90, en J.A. 1991 II, Síntesis e Indice nº 25).

 

      Por lo demás la función de la prueba pericial es de asesoramiento pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de los cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. No será el perito quien defina el pleito, pero es indudable que, fundando debidamente su informe, tiene mayor peso y envergadura. La mera opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre sus conclusiones, en especial si se advierte que no hay argumentos valederos para demostrar que éstas fueron irrazonables. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que la prueba pericial es la más adecuada, de ahí su importancia en algunos rubros. Su opinión es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación de ellas a los principios científicos inherentes a la especialidad y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (esta misma sala, en autos "Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios", expte. libre nº 25.403/93 del 27/12/96).

       La jurisprudencia, con criterio que comparto ha establecido que para fijar el monto indemnizatorio por la incapacidad derivada de un accidente, debe estarse al prudente arbitrio  judicial. El órgano jurisdiccional apreciará así la trascendencia de las lesiones sufridas, la aptitud para futuros trabajos, al igual que la edad de la víctima, su actividad, condición social, estado civil, trabajos cumplidos, situación económico social de la unidad familiar, cantidad de personas a cargo del afectado, etc. (cf. CN Civ., esta Sala, noviembre 7 968, E.D., 25 428; it. ídem mayo 9 972, E.D., 43 740, Sala E, L. 59585 del 30 4 90; it. ídem marzo 23 961; E.D. 1 58; ídem it. L. 77594 del 26 3 91, entre muchos otros).

        Por lo tanto debe considerarse la edad de la víctima  (39 años al momento del accidente   cfr. fs. 777), y ponderarse además sus restantes condiciones personales y del hecho y la índole de las importantes lesiones sufridas, detalladas en el informe obrante a fs. 857 868 (informe que corresponde valorar de conformidad con el art. 477 del rito), a saber, la actora sufrió: "...politraumatismo, fractura expuesta codo derecho más lesión del nervio cubital. Fractura ceja cotiloidea cadera izquierda... " (sic) (ver fs. 857), todo lo cual le genera "...una incapacidad física parcial y permanente del 33,04% de la total obrera.." (sic) (cfr. fs. 868).

        Por todo lo expuesto, y en vista a los argumentos vertidos por Zurita a fs. 1119 vta. 1221 vta. propongo elevar el monto concedido en la instancia precedente ($ 40.000) al de $ 45.000, cantidad que propicio deberán abonar los demandados a la actora en función del rubro analizado.                     

      2.6. También cuestiona la coactora Zurita el rechazo de su reclamo por "pérdida de chance". Adelanto que  si mi voto resulta compartido  el mismo tampoco prosperará en esta instancia.       Como señalara, en el anterior acápite, a los fines de indemnizar la pérdida de salud derivada de un hecho dañoso se tiene en cuenta la integridad del ser humano con un criterio global, es decir alcanza a todos los deterioros que las lesiones sufridas ocasionan a la vida de relación, entre las cuales corresponde ubicar a la frustración que las mismas podrían provocar en lo atinente a futuros trabajos o al desarrollo profesional.

 

Por ello, y tal como acertadamente lo señalara el Sr. Juez de grado en el decisorio recurrido, no corresponde fijar una suma autónoma tendiente a indemnizar las perspectivas de crecimiento profesional frustradas a raíz del hecho que nos ocupa, toda vez que esa disminución de la capacidad laborativa ya ha sido meritada a los fines de justipreciar la "incapacidad sobreviniente" (ver 2.6.).

En virtud de lo expuesto, propongo al Acuerdo que  si mi criterio es compartido  se confirme este aspecto del decisorio.

2.7. Sobre el "lucro cesante", acerca de cuya suma indemnizatoria se agraviaran Macchi y Gómez, el Tribunal que integro tiene decidido que el lucro cesante traduce la frustración de un enriquecimiento patrimonial: a raíz del hecho lesivo se impide a la víctima que obtenga determinados beneficios económicos. El lucro cesante es, pues, la ganancia de que fue privado el damnificado (art. 1068 del Cód. Civil) (cfr. Zavala de Gonzalez Matilde, "Solución de casos", T. 1 ed. Alveroni, pág. 195 y sgtes.).

          Ahora bien: en verdad, siguiendo a esta autora, el lucro cesante se establece casi siempre a partir de un razonamiento inferencial: sobre la base de la prueba de la actividad productiva que se desarrollaba, de las ganancias que así se lograban y del impedimento temporal para continuarla, se concluye en que los beneficios habrían subsistido durante ese período de no haber sucedido el hecho .

        A los efectos de la admisión de este concepto, es necesario que el reclamante acredite en forma fehaciente que ha dejado de percibir ganancias que habrían incrementado su patrimonio (conf. art. 377 del Código Procesal).

 

       A mayor abundamiento, enseña Santos Briz que: "Principio básico para la determinación del lucro cesante es que éste se delimite por un juicio de probabilidad (...) se apoya en la presunción de cómo se habrían sucedido los acontecimientos en caso de no haber tenido lugar el acontecimiento dañoso (...) este pronóstico ulterior nos ha de llevar a concretar un interés cierto del perjudicado, ya que no pueden protegerse intereses inseguros o inciertos, pero cuidando de no exigir una certeza absoluta incompatible con el concepto de "ganancias frustradas" (Santos Briz "Derecho de Daños", p. 239) en defecto de prueba certera sobre el quantum al igual que en relación a otros perjuicios, es factible su estimación prudencial por el juez según expresamente lo autoriza el art. 165 del Cód. Procesal.                                                     Con respecto al caso concreto de autos, ha quedado debidamente acreditado que el accionante es titular de la licencia del servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro nro. 30.265 (cfr. fs. 834) y que a la fecha del accidente se encontraba afectada al vehículo Renault 9, dominio SGL 501  (cfr. fs. 834 y fs. 34 y vta. de la causa criminal).

          Sin perjuicio de ello, también debe ponerse de resalto que no se ha aportado al expediente prueba fehaciente ni de los ingresos dejados de percibir ni de la cantidad de días que hubiesen sido necesarios para reparar el vehículo dañado.

        Por lo tanto, teniendo en consideración las circunstancias de hecho y de derecho señaladas a lo largo de este acápite  y en vista a la referida orfandad probatoria propongo confirmar la suma concedida en la anterior instancia ($ 4.800).  

     2.8. También cuestiona el coactor Macchi el rechazo de su reclamo por "daño moral". Adelanto que  de compartirse mi criterio  esta queja no recibirá favorable acogida en esta instancia.

      En derredor de esta partida del daño, la Sala que integro participa del criterio que aprehende con amplitud el daño moral, al considerar que este perjuicio no queda reducido al clásico "pretium doloris" (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que a mas de ello, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteracionees desfavorables en las capacidades del individuo de sentir "lato sensu", de querer y de entender: "El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general", en" Revista de Derecho Privado y Comunitario", Santa Fe, Rubinzal Culzoni, nº 1, 1992, p. 237 a 259 (cfr. Pizarro, Ramón Daniel, "Reflexiones en torno al daño moral y su reparación", en J.A. 1986 111 902 y 903; Zavala de González Matilde, "El concepto de daño moral", J.A., 985 I 727 a 732).                                            

          Este daño, que se encuentra específicamente contemplado en el art. 1078 del Cód. Civil para aquellos supuestos en que deriva de la producción de un hecho ilícito, contempla las lesiones como causa de dolores y diversos malestares físicos y psíquicos que afectan la seguridad personal de la damnificada, y todo tipo de padecimientos de esa índole que resulten consecuencia natural del hecho, a tal punto que la jurisprudencia ha relevado a la víctima de la prueba de los mismos (cfr. Stiglitz, Gabriel A. y Echevesti, Carlos A., en "Responsabilidad Civil", dir. Mosset Iturraspe, Jorge, p. 250).

Sin embargo, sin perjuicio de lo antedicho y más allá de la presunción legal, lo cierto es que para que este nocimiento sea indemnizable su padecimiento debe poder inferirse de las propias circunstancias del caso. Por ello, de las circunstancias del caso no surge que el mismo haya tenido entidad suficiente como para provocar en Macchi un perjuicio que encuadre dentro de esta categoría del daño resarcible.

 

Por estas consideraciones, más las propias  en lo pertinente  del sentenciante de grado propicio que este aspecto del decisorio también sea confirmado.

2.9. Por otra parte, y tal como anticipara, el coaccionado Gómez cuestiona de forma por demás breve, endeble y carente de la debida fundamentación los justiprecios efectuados sobre la "desvalorización del rodado", los "gastos derivados del accidente" y el "daño moral" regulado en favor de Zurita. Al respecto, cabe adelantar que no es posible considerar a las argumentaciones vertidas por el quejoso sobre este punto una crítica concreta y razonada de la sentencia recurrida, requisitos que contempla nuestro CPCCN en su art. 265.

Es sabido que la expresión de agravios constituye la carga que tiene el apelante a quien se le concedió un recurso libre, de fundamentarlo. Sostenía Podetti  con su proverbial agudeza  que no puede menos de exigirse a quien intenta que se revise un fallo, que diga por qué esa decisión judicial no lo conforma, poniendo de manifiesto lo que considera errores de hecho o de derecho, omisiones, defectos, vicios o excesos. Procediendo así, cumple con los deberes de colaboración y de respeto a la justicia y al adversario, facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia  sometida a recurso y al adversario su contestación, y limita el ámbito de su reclamo (cfr. aut. cit.: "Tratado de los Recuros, Ediar, pag. 164).

En efecto. Se ha resuelto que el escrito de expresión de agravios no es idóneo si respecto de cada manifestación contenida en el fallo, falta el necesario desarrollo argumental capaz de cerciorar sobre la pertinencia de lo aseverado y no se ingresa a un análisis integral de los presupuestos jurídicos y de hecho, que a su turno desarrolló el juez "a quo"; pretendiéndose, en cambio, suplir la crítica con una desordenada alegación de hechos, respecto de los cuales se hacen referencias parciales e incompletas de las constancias de autos. (cfr. CNCiv., Sala C, LL, 1986 A 184).

Ello sentado, no se cumple con las exigencias que impone la ley ritual en su art. 265 cuando  como en el caso  el apelante solo manifiesta mera disconformidad con el fallo de primera instancia, mas sin proporcionar argumentos jurídicos que fundan un punto de vista diferente, reiterando alegaciones ya efectuadas y examinadas por el "a quo" (cfr. CNCiv, sala F, 12 2 85, en L.L.1985 C 644, sum.36876).

Las breves manifestaciones de la apelante (ver fs. 1238) que refiriera más arriba, no implican un análisis serio, crítico y razonado de las conclusiones expuestas por el sentenciante de grado, toda vez que se limita a opinar que los mismos serían desmedidos y excesivos, mas no intenta siquiera un análisis lógico jurídico que pudiere llevar a la convicción de este Tribunal.

En razón de todo lo expuesto, estimo que debe hacerse efectiva sobre esta cuestión  sin necesidad de otras consideraciones  la sanción que prevé el art. 266 del Código Procesal.

 

 

Autos "/ Gómez, Pablo Daniel c/ "La Caja de Seguros S.A. s/ ordinario"

2.10. Por otra parte corresponde abocarse al reclamo del codemandado Gómez respecto del rechazo de su propio reclamo indemnizatorio contra "La Caja de Seguros S.A.", queja cuya favorable acogida también propiciaré.

En efecto. En virtud de análogos fundamentos a los vertidos en el acápite 2.3. a los que me remito "brevitatis causae", al haber resultado extemporánea la declinación de cobertura efectuada por la aseguradora, toda vez que se realizó fuera del plazo legalmente establecido, no puedo sino concluír en  la obligación resarcitoria que pesa sobre la aseguradora, en virtud del contrato de seguro que lo vinculaba con Gómez a la fecha del siniestro.

Por estas consideraciones, propicio que este aspecto del decisorio también sea revocado, haciendo lugar a la demanda incoada por Pablo Daniel Gómez contra "La Caja de Seguros S.A.", con el alcance que "infra expondré".

2.11. Por último resta decidir respecto al reclamo indemnizatorio deducido por Gómez ($ 10.800).

De las constancias de autos surge que el vehículo de Gómez se encontraba asegurado en "La Caja de Seguros S.A." (ver fs. 6), bajo la póliza nº 6010 0021601 01, perteneciente al plan tipo "B" de la cobertura ofrecida por dicha compañía. Asimismo, de las condiciones generales de póliza correspondiente a ese plan surge que entre los riesgos asegurados se encuentra la destrucción total del vehículo asegurado (ver art. 4º inc. c). Asimismo la cobertura de dicho riesgo también surge de las condiciones particulares del contrato de seguros, donde se consigna la cobertura por "...pérdidas totales por accidente..." (ver fs. 6).

En consecuencia, por estas consideraciones propicio hacer lugar a este reclamo indemnizatorio en la suma de $ 10.800 (suma asegurada), cantidad que propicio deberá abonar la demandada a la actora.

2.12. Es sabido que las costas son las erogaciones impuestas a quienes intervienen en un proceso para la iniciación, prosecución y terminación de éste. Respecto a su imposición, el Código Procesal ha adoptado en su art. 68 la teoría del hecho objetivo de la derrota. "La justificación de esta institución está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar", naciendo su imposición del deber del juez de condenar al derrotado (cfr. Chiovenda citado por Fenochietto Arazi "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 1, pág. 280 y ss.).

 

          Por lo expuesto, al no encontrar mérito para apartarme del criterio objetivo de la derrota (art. 68 del Cód. Proc.), propongo al Acuerdo que se impongan a la perdidosa las costas causídicas de ambas instancias.

      2.13. En lo atinente a los intereses sobre el capital de condena el cómputo de ellos se realizará a la tasa pasiva que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde el acaecimiento del evento que produjo los daños (cfr. doctrina que surge del plenario del fuero "Gómez c/ Empresa Nacional de Transporte", del 16/12/58, LL 93 667) y hasta el 6 de enero del 2002, fecha de entrada en vigencia de la ley 25561.  A partir de allí y hasta la de su efectivo pago, se liquidará a la tasa activa que cobra el B.N.A. para las operaciones de descuento a treinta días.

III RESULTADO DE LA REVISION          

Por estas consideraciones voto por la afirmativa y propongo al Acuerdo: 1) tener por decisión lo expresado en los considerandos precedentes; 2) modificar la sentencia apelada en lo atinente a la atribución de responsabilidad, la que se le imputará en un 25 % a "Coviares S.A." -con más sus intereses (los que se devengarán de acuerdo al criterio sentado en 2.13) y costas de ambas instancias- de manera concurrente con Gómez, haciéndola extensiva a "La Construcción S.A. Cía. Argentina de Seguros", en su carácter de aseguradora citada en garantía; 3) modificarla asimismo en lo concerniente a la responsabilidad de "La Caja de Seguros S.A.", a quien se hará extensiva la condena dictada contra Gómez, en su carácter de aseguradora citada en garantía; 4) modificarla también en lo atinente al monto indemnizatorio fijado en favor de Zurita en concepto de "incapacidad sobreviniente", nocimiento que prosperará por la suma de $ 45.000; 5) hacer lo propio en cuanto a la acción intentada por Gómez contra "La Caja de Seguros S.A.", condenando a ésta última a pagarle la suma de $ 10.800 con más sus intereses y costas de ambas instancias. En materia de costas de la Alzada, las mismas se imponen a las perdidosas en virtud del principio objetivo de la derrota en juicio (art. 68 del rito) y de que aquellas -en el proceso de daños- integran la indemnización.

Así lo voto

Los Sres. Jueces de Cámara Dres. BUERES y MERCANTE, por análogas razones a las aducidas por el Sr. Juez de Cámara Dr. MARTINEZ ALVAREZ, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.-

Con lo que terminó el acto.- EDUARDO M. MARTINEZ ALVAREZ - ALBERTO J. BUERES - DOMINGO A. MERCANTE.-