IIJusticia

A. de J., G. E. y otro c. Camino del Atlántico s.a.c.v. y otro
sobre daños y perjuicios

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 9 días del mes de mayo de dos mil dos, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "B", para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: "A. de J., G. E. y otro c. Camino del Atlantico s.a.c.v. y otro sobre daños y perjuicios" respecto de la sentencia de fs. 387/92, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces Doctores: LUIS LOPEZ ARAMBURU - GERONIMO SANSO - FELIX R. DE IGARZABAL

A la cuestión planteada el Dr. López Aramburu, dijo:

Contra la sentencia de fs 387/92., apelan y expresan sus quejas la actora de fs 474/482, que fueran respondidos por la accionada de fs 491/493, y la demandada lo hace de fs 485/490, que merecieran respuesta por la accionante de fs 494/497. Producida la medida para mejor proveer a fs 503/508.

Cuestionando la demandada la responsabilidad que se le atribuye corresponde entrar al análisis de las quejas vertidas por dicha parte, en razón de la trascendencia que este tema tiene sobre los restantes.

Cabe poner de resalto que la demandada no formula crítica concreta y fundamentada al encadenamiento de circunstancias y de hechos que se formulan en el pronunciamiento apelado, ni a la línea lógica que aquel encadenamiento revela.

Es más, luego de poner de resalto las cuestiones que negó desde un principio, termina por reconocer que -como lo señala la sentencia de Primera Instancia-, hubo un remolque efectuado por personal de la demandada mediante una camioneta Fiorino, a raíz de la imposibilidad del vehículo del actor de circular por sus propios medios, remolque que terminara en la localidad de Pipinas.

Como se observa, nada tiene que ver la Jurisprudencia que invoca la actora sobre dos vehículos que se encuentran circulando, ya que se trata de un remolcador y un remolcado, y va de suyo que la unidad tractora es la de la demandada.

También es evidente que el servicio prestado era harto deficiente, puesto que de acuerdo a la prueba informativa agregada, la concesionaria estaba obligada a prestar el servicio de remolque mediante grúas y el contrato con el A.C.A. no era a estos fines, amén de que el número de remolques era excesivamente parco (20 por mes) para una autopista como la que se trata.

También ha quedado reconocido que ante un problema mecánico se enviaban camionetas Fiorino, lo cual revela que la demandada no contaba con los medios necesarios para prestar los servicios que la concesión le obligaba

Si a ello se le aduna que la Ley de Tránsito n° 24.449 establece la prohibición de remolcar autos (48 inc ñ) salvo para vehículos destinados a tal fin y únicamente pueden hacerlo otros vehículos en caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos de acople y con la debida precaución.

De ello resulta evidente que la demandada debió prestar el servicio con una grúa y no con una camioneta del tipo de que se trata, se ignora que tipo de acople se utilizó, es menester señalar que, de cualquier modo los actores no debieron viajar en el vehículo remolcado.

Tal como lo pone de resalto el a quo, de los medios de prueba resulta el remolque, la imposibilidad del vehículo del actor de autodesplazarse, los daños que sufriera al llegar a Pipinas y la internación de la coactora como motivo de traumatismos recibidos en circunstancias de fecha, hora y lugar que revelan el origen de aquellos.

Si a ellos se le aduna, lo que resulta de la Causa Penal en el sentido de que no es exacto que la camioneta no haya tenido desperfectos, sino que ya habían sido reparados cuando el perito la examina y el encadenamiento lógico de hechos de autos, es evidente que las quejas de la demandada no pueden tener acogida.

De compartirse el criterio de esta Vocalía corresponde confirmar la sentencia en lo principal que decide y entrar al análisis de las indemnizaciones otorgadas, que los demandantes estiman bajas y los accionados excesivas.

Ahora bien, la pericia médica estableció una incapacidad física del 23%, y el accidente se produjo cuando tenía 48 años de edad, y las lesiones detectadas conllevan una artrosis en la zona cervical, unida a la lumbación funcional del hombro izquierdo y todo ello origina una importante incapacidad, cuya indemnización, -otorgada en el pronunciamiento aparece como excesivamente parca. Así, teniendo en cuenta las condiciones personales y la afectación de esta incapacidad, tanto desde el punto de vista puramente económico como también desde el punto de vista de toda actividad de la coactora, se estima prudente elevar a la suma de $30.000, dicha indemnización.

Igualmente ha quedado demostrado por la pericia del Cuerpo Médico Forense (ver fs 503/507), que la coactora sufre una incapacidad síquica del 5%, (neurosis depresiva 2) que ratifica el hallazgo efectuado por el experto de oficio (ver fs 376 vta.) rubro que se estima prudente indemnizar en la cantidad de $7500 en la que se incluye el tratamiento sicológico recomendado.

En cuanto al daño moral, las suma otorgada luce, a criterio de esta Vocalía como el prudente ejercicio de las facultades otorgadas al Juez y propone su confirmación.

En resumen de compartirse el criterio de esta Vocalía corresponde confirmar el pronunciamiento en lo principal que decide, incrementar la indemnización por incapacidad física a $30.000, otorgar por incapacidad síquica y tratamiento $7500, y confirmar las demás cuestiones que fueran materia de recurso. Con costas de Alzada a la demandada.

Los Dres. Sansó y de Igarzabal, por análogas razones a las aducidas por el Dr. López Aramburu votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.

 LUIS LÓPEZ ARAMBURU - GERÓNIMO SANSO - FÉLIX R. DE IGARZABAL